Los cinco están presos por homicidio, pese a testimonios exculpatorios y a que un juez dictaminó falta de pruebas concluyentes
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha reclamado la liberación de cinco indígenas defensores de Derechos Humanos encarcelados en su país "en represalia" por sus actividades en favor de los "derechos de su comunidad" y por "denunciar los abusos de un cacique local y de las autoridades".
En un comunicado, la organización advirtió de que, con la prisión de los cinco activistas, "las autoridades mexicanas no están cumpliendo los compromisos de Derechos Humanos que hicieron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace menos de un mes". Los cinco indígenas, miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me' Phaa (OPIM), se encuentran encarcelados en una prisión en el Estado de Guerrero, "acusados de homicidio".
"Hace menos de un mes, México se comprometió a proteger la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", declaró la directora del Programa para las Américas de Amnistía Internacional, Susan Lee. "Reconocer y apoyar el trabajo legítimo de la OPIM es algo que podría hacerse inmediatamente para cumplir con esta promesa", advirtió.
El 20 de octubre de 2008, un juez federal ordenó la liberación de cuatro de los detenidos tras dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no eran concluyentes. Sin embargo, los cuatro presos no han sido puestos en libertad porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado la resolución, "a pesar de no haber presentado nuevas pruebas", denunció AI.
Al quinto detenido, Raúl Hernández, se le negó el amparo por parte del juez federal porque dos testigos dijeron que estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima. "Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato", prosiguió la organización. Raúl Hernández ha apelado la decisión que le negó el amparo.
"Amnistía Internacional ha establecido que los cargos contra los cinco presos de conciencia han sido presentados en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y por las autoridades", denunció Lee. "Cuando se castiga a activistas sociales por su trabajo legítimo, las autoridades envíen el mensaje de que proteger y promover los Derechos Humanos conlleva un alto precio", manifestó.
Amnistía Internacional, a través de la web, http://www.actuaconamnistia.org/, hace un llamamiento a las autoridades mexicanas para liberar inmediatamente a los cinco indígenas defensores de los Derechos Humanos, "detenidos desde ya hace casi un año a pesar de la falta de evidencias en su contra".
LOS HECHOS
El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, en el Estado de Guerrero. El Ejército arrestó a los cinco integrantes de la OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalando habitualmente en la zona. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna se ha ejecutado.
La Organización del Pueblo Indígena Me' phaa fue creada en 2002 para defender y promover los derechos de los indígenas Me' phaa (Tlapanecas) en México. El sur del Estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me' phaa, tiene uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.
Amnistía Internacional "ha documentado un patrón de hostigamiento e intimidación en contra de miembros de organizaciones que defienden los derechos indígenas en el estado de Guerrero, como la OPIM, desde hace muchos años", aseguró la organización.
El secretario y el presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron hallados muertos en la noche del pasado 20 de febrero en el municipio de Tecoanapa, en Guerrero. Los cadáveres de los dos hombres estaban enterrados a treinta minutos en automóvil del lugar donde habían sido secuestrados por hombres armados siete días antes. Los dos cuerpos fueron identificados por sus familias, quienes informaron de que presentaban señales claras de tortura.
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha reclamado la liberación de cinco indígenas defensores de Derechos Humanos encarcelados en su país "en represalia" por sus actividades en favor de los "derechos de su comunidad" y por "denunciar los abusos de un cacique local y de las autoridades".
En un comunicado, la organización advirtió de que, con la prisión de los cinco activistas, "las autoridades mexicanas no están cumpliendo los compromisos de Derechos Humanos que hicieron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace menos de un mes". Los cinco indígenas, miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me' Phaa (OPIM), se encuentran encarcelados en una prisión en el Estado de Guerrero, "acusados de homicidio".
"Hace menos de un mes, México se comprometió a proteger la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", declaró la directora del Programa para las Américas de Amnistía Internacional, Susan Lee. "Reconocer y apoyar el trabajo legítimo de la OPIM es algo que podría hacerse inmediatamente para cumplir con esta promesa", advirtió.
El 20 de octubre de 2008, un juez federal ordenó la liberación de cuatro de los detenidos tras dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no eran concluyentes. Sin embargo, los cuatro presos no han sido puestos en libertad porque la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado la resolución, "a pesar de no haber presentado nuevas pruebas", denunció AI.
Al quinto detenido, Raúl Hernández, se le negó el amparo por parte del juez federal porque dos testigos dijeron que estaba en el lugar cuando se disparó a la víctima. "Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato", prosiguió la organización. Raúl Hernández ha apelado la decisión que le negó el amparo.
"Amnistía Internacional ha establecido que los cargos contra los cinco presos de conciencia han sido presentados en represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y por las autoridades", denunció Lee. "Cuando se castiga a activistas sociales por su trabajo legítimo, las autoridades envíen el mensaje de que proteger y promover los Derechos Humanos conlleva un alto precio", manifestó.
Amnistía Internacional, a través de la web, http://www.actuaconamnistia.org/, hace un llamamiento a las autoridades mexicanas para liberar inmediatamente a los cinco indígenas defensores de los Derechos Humanos, "detenidos desde ya hace casi un año a pesar de la falta de evidencias en su contra".
LOS HECHOS
El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, en el Estado de Guerrero. El Ejército arrestó a los cinco integrantes de la OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalando habitualmente en la zona. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna se ha ejecutado.
La Organización del Pueblo Indígena Me' phaa fue creada en 2002 para defender y promover los derechos de los indígenas Me' phaa (Tlapanecas) en México. El sur del Estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me' phaa, tiene uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.
Amnistía Internacional "ha documentado un patrón de hostigamiento e intimidación en contra de miembros de organizaciones que defienden los derechos indígenas en el estado de Guerrero, como la OPIM, desde hace muchos años", aseguró la organización.
El secretario y el presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron hallados muertos en la noche del pasado 20 de febrero en el municipio de Tecoanapa, en Guerrero. Los cadáveres de los dos hombres estaban enterrados a treinta minutos en automóvil del lugar donde habían sido secuestrados por hombres armados siete días antes. Los dos cuerpos fueron identificados por sus familias, quienes informaron de que presentaban señales claras de tortura.
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